Diaz A, Mead M, Rohde S, et al. Hospitals acquired by private equity firms: increased postoperative mortality for common inpatient surgeries. Health Aff (Millwood). 2025;44(5):554-562.
El estudio de Diaz et al., analiza el efecto de la adquisición de hospitales de agudos en EE. UU. por fondos de inversión (private equity firms) sobre la calidad de la atención quirúrgica en pacientes de Medicare, mediante un diseño de diferencias en diferencias con datos de 2011-2020. La cohorte incluyó 67 hospitales adquiridos, 634 controles, y más de 298.000 episodios quirúrgicos (colecistectomía, colectomía, apendicectomía y reparación de hernia incisional).
En el contexto estadounidense, la adquisición por private equity firms implica el cambio de propiedad de un hospital (de titularidad pública local, sin ánimo de lucro o de una corporación sanitaria tradicional con ánimo de lucro) a un fondo de inversión privado no cotizado (con horizonte de reventa a corto-medio plazo). Se trata de un esquema diferente al de las corporaciones cotizadas tradicionales cuyo capital proviene de accionistas en bolsa y cuyo horizonte de explotación suele ser indefinido.
Mayor mortalidad
El estudio muestra que, tras la adquisición y respecto al grupo control, la mortalidad postoperatoria a 30 días aumentó en 2,7 puntos porcentuales (incremento relativo del 42%), sin cambios en la incidencia de complicaciones, pero con un aumento de 3,9 puntos en el indicador de failure to rescue (mortalidad entre pacientes que han sufrido una complicación). El exceso de mortalidad se concentró en cirugías no programadas, sin diferencias significativas en las electivas. No se observaron cambios relevantes en reingresos ni en complicaciones.
El trabajo sugiere que la mayor mortalidad podría estar relacionada con un peor manejo de las complicaciones y con cambios en los recursos y dotaciones tras la adquisición.
En España la situación es muy diferente, pero …
Los resultados de Díaz et al., aportan evidencia de un potencial impacto adverso de la adquisición por fondos de inversión sobre la seguridad del paciente en cirugía hospitalaria.
Esta preocupación también se extiende, como señala Pere Ibern en el blog Econsalut, a países como Alemania y Francia y, tras algunos escándalos, han llevado a Holanda a promulgar la ley de «beneficios excesivos» que limita el reparto de dividendos a los proveedores de servicios de salud que no cumplan elevados estándares en reinversión en personal y tecnología, así como a prohibir la entrada de capital privado en algunos sectores (fundamentalmente socio-sanitarios) en los que se considera que el riesgo de empeorar la calidad para reducir costes es muy elevado.
Aunque en España el contexto sanitario es radicalmente distinto, la creciente entrada de fondos de inversión en el sector hospitalario privado, incluyendo grupos que atienden a beneficiarios de las mutualidades de funcionarios, debe considerarse para evitar resultados similares a los descritos en el estudio. Si la adquisición por fondos con horizontes de rentabilidad rápida implica políticas de reducción de costes, especialmente en plantillas y recursos críticos y de urgencias, podría comprometerse la calidad y la capacidad de respuesta ante complicaciones.
La ausencia de indicadores públicos de calidad asistencial para la atención prestada a los funcionarios que han optado por la atención a través de aseguradoras privadas dificulta detectar estos efectos y plantea la necesidad de establecer sistemas de monitorización que garanticen que los cambios de propiedad no impliquen ajustes en dotaciones y capacidad de respuesta que repercutan en la seguridad de los mutualistas, en la atención concertada y las derivaciones de listas de espera.
Esto valdría también para la atención directamente privada. A fin de cuentas, y aunque a veces se les olvide, las administraciones públicas no son sólo las gestoras del SNS, sino también las garantes de la calidad de la atención en todos los servicios, públicos y privados.
