Vallejo-Torres L, Oliva-Moreno J, Lobo F. Exploring the uptake of economic evaluation in Spanish reports positioning medicines for public reimbursement. Health Econ Policy Law. 2025;20(3):233-245.
La evaluación económica en las decisiones de cobertura y precio
La evaluación económica es, hoy por hoy, un componente estructural de las decisiones sobre financiación pública de medicamentos en buena parte de los sistemas sanitarios de nuestro entorno. Hace tiempo que agencias como el NICE en Reino Unido, la Canada’s Drug Agency, la Swedish Dental and Pharmaceutical Benefits Agency (TLV) en Suecia o el Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC) en Australia han integrado explícitamente el análisis coste-efectividad en sus recomendaciones de financiación y precio de medicamentos y tecnologías sanitarias. Con mayor o menor peso preceptivo en las decisiones finales, pero siempre como parte central del proceso decisorio.
El Sistema Nacional de Salud (SNS) español, sin embargo, ha seguido una trayectoria errática en este terreno. Con avances técnicos sostenidos pero una institucionalización débil y discontinua, incluyendo el rechazo parlamentario a la creación de una agencia estatal independiente de evaluación, aquel “HispaNICE” que venía siendo reclamado por expertos y sociedades científicas del sector.
La evaluación económica en los informes de posicionamiento terapéutico
El reciente trabajo de Vallejo-Torres et al., analiza empíricamente hasta qué punto la evaluación económica se ha incorporado en los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), un instrumento clave para informar las decisiones sobre financiación y precio en el SNS.
El estudio se centra en la fase piloto iniciada tras el Plan para la consolidación de los IPT aprobado en 2020 (y finalizada en 2023), que por primera vez establecía de forma explícita la inclusión de evaluaciones económicas. Los resultados confirman una incorporación limitada y frágil. Entre junio de 2021 y julio de 2023 se publicaron 181 IPT. Solo 19 (10,5%) incluyeron una sección de evaluación económica, de las que solo 13 eran de novo.
Adicionalmente, la heterogeneidad metodológica fue considerable, incluyendo el uso frecuente del análisis de minimización de costes sin justificación robusta de equivalencia clínica, perspectivas mal definidas, horizontes temporales cortos y análisis de incertidumbre escasos. En general, la evaluación económica y los resultados de las evaluaciones económicas realizadas no parecen haber tenido un gran peso en la decisión final de financiación.
Los tribunales entran a hablar de evaluación económica
Estos hallazgos no son sorprendentes. En España, la evaluación económica ha tenido un papel más retórico que operativo en la política farmacéutica. La ausencia de reglas claras, umbrales explícitos y una autoridad evaluadora independiente y con un mandato definido explican esta trayectoria.
Adicionalmente, la experiencia piloto de incorporación de la evaluación económica a los IPT fue bruscamente anulada en 2023 por una sentencia judicial que avalaba un recurso de Farmaindustria, dejando en suspenso, entre otras cosas, la incorporación sistemática de la evaluación económica a los IPT. Suspenso en el que todavía estamos.
Entre otras disonancias, la sentencia interpretaba que solo la evaluación clínica y farmacológica son una actividad científico-técnica, excluyendo de este concepto a la evaluación económica. Al parecer, el uso de métodos formales, hipótesis explícitas, análisis cuantitativos, revisión sistemática de evidencia y modelos reproducibles no es jurídicamente suficiente para ser considerada «actividad científico-técnica».
Avances, pero ¿hacia donde?
En este contexto, hemos tenido algunos avances relevantes. Por un lado, el Ministerio de Sanidad está impulsando (sin muchas prisas, todo hay que decirlo) un nuevo marco regulador de evaluación de tecnologías sanitarias. Aunque motivado por la necesidad de adaptar el Reglamento (UE) 2021/2282 de evaluación de tecnologías sanitarias más que por incorporar la evaluación económica de medicamentos y productos sanitarios (un aspecto muy descuidado en el borrador de Real Decreto), pero un avance en clarificar el contexto regulatorio.
En todo caso, también el borrador de Real Decreto (y el Reglamento Europeo) separa la evaluación «científica» de la social (donde incluye la evaluación económica). Tema relevante porque se confunde el carácter de una disciplina claramente científica, con la transferibilidad de sus resultados concretos (la evaluación económica no es directamente transferible de un entorno concreto a otro con precios y preferencias sociales diferentes).
Por otro lado, tiene interés la publicación de la Guía de Evaluación Económica de Medicamentos elaborada por la Comisión Asesora para la Financiación de la Prestación Farmacéutica (CAPF), que define las dimensiones metodológicas que debe seguir una evaluación económica y también supone un avance técnico relevante, aunque su impacto dependerá de su encaje institucional real.
Tensión entre evaluación y control político de las decisiones
Integrar la evaluación económica de forma estructural no elimina la decisión política, pero perimetra sus márgenes al hacer explícitos los trade-offs entre costes y beneficios.
La actual situación de impasse refleja, sobre todo, una tensión no resuelta entre la evaluación científico-técnica (incluyendo, más allá de las opiniones de los tribunales, la evaluación económica) y el control político de las decisiones de financiación y precio. Tensión que sigue condicionando el modelo español y explica la acumulación de guías, pilotos, redes técnicas y demoras en institucionalizar una autoridad evaluadora sólida e independiente.
En resumen, España dispone hoy de capacidades técnicas suficientes para realizar evaluaciones económicas de calidad, pero carece todavía de un marco institucional que garantice su uso sistemático y transparente en la toma de decisiones. Mientras la evaluación económica no pase a ser criterio operativo con consecuencias reales sobre financiación y precio, su contribución a la eficiencia y sostenibilidad del SNS seguirá siendo muy limitada. No por falta de retórica, sino de impacto real.
