Barnes C, Hall A, Mantach S, et al. Assessing early effects of Australia’s Social Media Minimum Age Act on adolescents’ social media use: observational study. BMJ. 2026;393:e363695.
La evidencia acumulada apunta que el uso de redes sociales por adolescentes, además de afectar a su salud mental, se asocia a otros problemas de salud. Una revisión sistemática de 126 estudios (>1,4 millones de jóvenes) encontró asociaciones consistentes entre mayor uso de redes sociales y mayor consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, conductas sexuales de riesgo, juego, violencia, alimentación poco saludable y otras conductas poco saludables, sobre todo cuando los adolescentes están expuestos a contenidos que normalizan o promocionan estos comportamientos.
La consistencia de estos hallazgos ha estimulado el desarrollo de políticas de salud pública orientadas a regular el acceso de los menores a estas redes, así como el diseño y contenidos de las plataformas. La reciente ley australiana que prohibió a los menores de 16 años mantener cuentas en determinadas redes sociales ha sido una de las intervenciones regulatorias sobre salud digital en adolescentes con mayor repercusión internacional. Sin duda, un experimento natural del que extraer lecciones, sobre todo para los países —España entre ellos— que ya anuncian políticas análogas.
Un resultado, al menos por el momento, decepcionante
El trabajo de Barnes et al., que acompaña varios comentarios, evalúa los efectos iniciales —muy preliminares— de la ley australiana. El estudio, observacional prospectivo sobre 436 adolescentes evaluados inmediatamente antes y tres meses después de la entrada en vigor de la ley, utilizó un análisis de regresión discontinua alrededor del umbral de los 16 años para estimar el efecto causal.
Los resultados muestran un impacto muy pobre. Más del 85% de los adolescentes seguían utilizando las plataformas restringidas, la mayoría mediante sus propias cuentas. Solo dos tercios habían encontrado algún mecanismo de verificación de edad (principalmente la simple declaración de la edad o el envío de un selfie), y no fueron infrecuentes las estrategias para eludir las restricciones, como el uso de cuentas falsas o de cuentas ajenas.
El estudio, en resumen, no detectó reducciones significativas ni en la frecuencia de uso ni en el tiempo dedicado a las redes sociales durante los tres primeros meses tras la entrada en vigor de la ley. Los autores concluyen que no parece existir un efecto inmediato de la política, aun reconociendo que la escasa implementación y el corto seguimiento dificultan valorar su impacto real y justifican evaluaciones a más largo plazo.
Los virreyes tecnológicos «acatan pero no cumplen» (al menos de momento)
La frase «se acata, pero no se cumple», atribuida a la administración colonial española, en particular a virreyes y autoridades de Indias, resume bien el trayecto inicial de la ley australiana. Uno de los comentarios en el BMJ subraya que la mayoría de las plataformas siguieron permitiendo el acceso mediante mecanismos de verificación muy débiles, como la autodeclaración de la edad, y que las respuestas adaptativas de usuarios y plataformas (sustitución hacia otras aplicaciones, migración entre plataformas o nuevas formas de eludir los controles) eran tan esperables como poco abordadas por el desarrollo regulatorio.
Los pobres resultados no permiten distinguir si estamos ante una ley ineficaz o ante una política insuficientemente implementada. Aunque esta puede ser una distinción demasiado sutil para quienes piensan que toda política eficaz debe incluir ambos componentes: diseño e implementación.
La «historia natural» de las políticas públicas
Las políticas públicas también tienen una historia natural. Más allá de su aprobación, requieren implantación, adaptación organizativa, vigilancia del cumplimiento y cambios sociales antes de producir efectos estables. Igual que distinguimos eficacia y efectividad de un medicamento, conviene distinguir entre el diseño de una política y su aplicación real.
Esta cuestión es bien conocida en salud pública. La legislación sobre espacios sin humo, el uso obligatorio del cinturón de seguridad o la implantación del empaquetado genérico del tabaco (en las dos docenas de países que lo han implementado), tampoco produjeron cambios inmediatos desde el primer día de su aprobación.
La aprobación parlamentaria constituye solo el inicio de un proceso que incluye adaptación institucional, aceptación social, aprendizaje por parte de los agentes implicados y, sobre todo, mecanismos eficaces de vigilancia y cumplimiento.
Evaluar una política demasiado pronto puede equivaler a evaluar una versión incompleta de la propia intervención. De hecho, casi en paralelo a la publicación del estudio, Australia duplicaba la sanción máxima a 99 millones de dólares australianos y ampliaba las competencias de eSafety para exigir documentación a proveedores de verificación y tiendas de aplicaciones. La legislación por sí sola no cambia el comportamiento de las plataformas; hace falta un regulador con dientes y esa fase apenas está empezando.
¿Se puede confiar en las empresas tecnológicas para proteger a los adolescentes?
La respuesta previsible es: tanto como en las tabaqueras para proteger a fumadores y a fumadores pasivos. Hay, de hecho, muchos paralelismos entre el comportamiento de las firmas de redes sociales y el de las tabaqueras: las dificultades de acceso a los datos internos de las compañías han limitado la investigación independiente sobre su impacto real, del mismo modo que ocurrió durante décadas con la industria tabacalera; y ambos sectores han desarrollado estructuras de lobby sofisticadas para retrasar o diluir la regulación.
El editorial de Louise Holly que acompaña al artículo comentado hace hincapié en que la legislación no pretendía tanto cambiar el comportamiento de los adolescentes como obligar a las plataformas digitales a impedir su acceso. Que más del 85% de los menores continuaran accediendo a redes restringidas tres meses después señala, sobre todo, a las empresas tecnológicas, que no habrían cumplido sus obligaciones legales.
Holly centra su argumento en el propio diseño comercial de las plataformas. Aunque las restricciones de edad puedan reducir parcialmente la exposición, no modifican los algoritmos, los mecanismos de captación de atención ni los incentivos económicos que están en la raíz de muchos de los daños asociados al uso de redes sociales. Importa reforzar la regulación sobre el diseño y funcionamiento de las plataformas, exigir el cumplimiento efectivo de las normas y aumentar la responsabilidad de las compañías por el impacto sanitario de sus productos.
La transformación de la salud pública
Este episodio ilustra bien una de las grandes transformaciones de la salud pública contemporánea. Durante décadas, muchas intervenciones se centraron en modificar conductas individuales (dejar de fumar, hacer ejercicio, mejorar la alimentación, etc.). Hoy sabemos que esas conductas dependen en gran medida del entorno en que se producen, y las políticas de salud pública van avanzando desde el individuo de riesgo al entorno de riesgo. Del mismo modo que las políticas antitabaco dejaron progresivamente de dirigirse solo a los fumadores para pasar a regular también el producto, la publicidad, la fiscalidad o los espacios públicos, el debate sobre las redes sociales puede y debe desplazarse desde el comportamiento de los adolescentes hacia el diseño de las propias plataformas y sus incentivos comerciales.
La debilidad de la evidencia (en general, observacional) sobre el impacto de las intervenciones no debe paralizar la acción política. Todas las decisiones regulatorias sobre tecnologías emergentes implican algún grado de incertidumbre, y esperar a disponer de evidencia definitiva sobre el daño acumulado también tiene costes: en salud pública, la inacción nunca es neutral y el principio de precaución tiene tanta legitimidad como la exigencia de evidencia sólida.
Lecciones para España
España no debería observar este debate desde la barrera. El pasado 3 de febrero de 2026, el Presidente del Gobierno anunció que impulsará una ley para elevar a 16 años la edad mínima para mantener una cuenta en redes sociales, dentro de un paquete más amplio de gobernanza digital (Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales) que incluye responsabilidad legal para directivos de plataformas, control parental activado por defecto en los dispositivos y obligaciones de verificación de edad «reales y eficaces .
El paralelismo con Australia es evidente. Como allí, la obligación recaería sobre las plataformas, no sobre las familias ni sobre las conductas de los menores. Sin embargo, también hay diferencias. En primer lugar, el debate parlamentario español contempla enmiendas que permitirían el acceso entre los 14 y los 16 años con consentimiento parental verificable, una vía intermedia que Australia evitó y que podría, paradójicamente, facilitar el mismo tipo de circunvención (cuentas de terceros, autorizaciones nominales) que ha documentado el estudio australiano.
En segundo lugar, el estudio australiano sugiere que el punto crítico no es la edad fijada por la ley, sino el mecanismo de verificación. La declaración de la propia edad o el envío de una foto apenas han restringido el acceso. España cuenta, al menos sobre el papel, con una infraestructura potencialmente más robusta: el documento nacional de identidad y, a medio plazo, la Cartera de Identidad Digital Europea (EUDI Wallet), que permitiría acreditar que una persona es mayor de 16 años sin revelar su identidad mediante técnicas de prueba de conocimiento cero. Que esa infraestructura llegue a desplegarse, y que las plataformas la adopten con el rigor que les exija la ley, es la incógnita que la experiencia australiana invita a no dar por resuelta.
En tercer lugar, cualquier sistema de verificación de edad plantea una tensión entre protección y privacidad. La Agencia Española de Protección de Datos ya ha advertido que mecanismos poco cuidadosos (escaneo de documentos de identidad, datos biométricos sin garantías de minimización, reutilización de credenciales de edad con fines de perfilado) pueden generar una infraestructura de vigilancia digital difícil de justificar y de revertir. La lección de Australia no es solo que la verificación débil no funciona, sino que la verificación robusta tiene un coste en términos de privacidad que debe gestionarse desde el diseño de la norma, no como un problema a resolver después.
Si algo puede extraerse del primer examen de la ley australiana para el debate español, es que la eficacia de una restricción de edad dependerá menos del número elegido (14, 15 o 16 años) que de la solidez técnica de la verificación, de la determinación regulatoria para sancionar el incumplimiento y de una evaluación independiente planificada desde el inicio.
Los tres primeros meses de la ley australiana no permiten hablar de fracaso, pero tampoco deben leerse como una anécdota: son la primera pieza de un seguimiento que España, si finalmente aprueba su propia norma, haría bien en incorporar desde el primer día.
