Basu S, Huynh BQ, Kiang MV, Chin ET, Andrews JR. Mortality in US Immigration and Customs Enforcement Detention. JAMA. 2026. doi: 10.1001/jama.2026.3719.
Morir bajo custodia
Las muertes bajo custodia son uno de los indicadores más elementales de la calidad de un sistema de detención institucional. La carta al director de Basu et al., publicada en JAMA, aporta una de las series más largas disponibles sobre mortalidad en centros de detención del cada vez más famoso ICE (US Immigration and Customs Enforcement). El estudio cubre más de dos décadas (2004-2026) en un ámbito donde la información suele ser incompleta y fragmentada.
El hallazgo principal es ilustrativo. Tras un descenso sostenido desde principios de los 2000 hasta 2014 y mantenido hasta 2023 (con un salto esperable durante la pandemia), las tasas de mortalidad han vuelto a aumentar en los últimos años, alcanzando en los datos de 2026 cifras comparables a las observadas durante la pandemia de CoVid-19.
Los datos sugieren que la mortalidad en custodia responde de forma sensible a cambios en las condiciones de detención, la organización asistencial y, en última instancia, a decisiones de política de las administraciones públicas (no sólo, ni principalmente, las sanitarias).
Cómo y de qué se muere en los centros de custodia del ICE
La carta no sólo describe las tasas, sino el patrón de las muertes. La edad mediana al fallecimiento es de 45 años. Este dato apunta a una mortalidad prematura en una población relativamente joven. Entre las causas se combinan problemas clásicos de atención (enfermedad cardiovascular) con señales de deterioro más recientes: incremento de causas infecciosas y aparición relevante de suicidios.
Son patrones compatibles con muertes evitables. En entornos de custodia, las infecciones sugieren el papel relevante de las condiciones de la reclusión (hacinamiento, ventilación, acceso a medidas preventivas). El aumento en los suicidios interpelan directamente a la atención en salud mental, al aislamiento y a la incertidumbre asociada al proceso de detención. La mortalidad, en este contexto, no es un resultado clínico, sino el reflejo agregado del funcionamiento de la organización.
Un dato revelador es que solo una pequeña proporción de las muertes ocurre en hospitales o centros sanitarios. Aunque la carta no permite establecer lazos directos, el dato sugiere retrasos en la derivación o barreras en el acceso a niveles asistenciales superiores. Este es un aspecto crítico en poblaciones totalmente dependientes de la institución para recibir atención.
Mejoras normativas, implementación, responsabilidades difusas
La evolución temporal requiere una lectura matizada. El descenso inicial de la mortalidad coincide con la introducción de estándares asistenciales más exigentes en estos entornos, lo que sugiere que las reformas normativas pueden tener efectos tangibles. El repunte posterior pone de relieve un problema bien conocido en políticas de salud: la distancia entre las normas, aún vigentes, y su implementación real.
Una de las aportaciones más relevantes del trabajo es, paradójicamente, lo que no puede mostrar. Casi la mitad de las muertes se clasifican como “indeterminadas” o “no especificadas”, y los autores reconocen limitaciones importantes en los datos disponibles. Este déficit no es un detalle técnico. La debilidad de los sistemas de información dificulta identificar causas evitables, limita el aprendizaje institucional y diluye la rendición de cuentas.
Cuando una administración priva de libertad a una persona, asume algo más que su custodia: asume una obligación activa de cuidado. La salud, y al extremo la supervivencia, de quienes están detenidos pasa a depender enteramente del sistema que los retiene.
Como señala el editorial de JAMA que acompaña al trabajo de Basu et al., la mortalidad en custodia no es un indicador más: es una medida centinela del cumplimiento de esa obligación. No se trata sólo de si la atención médica es adecuada, sino de si el sistema en su conjunto (condiciones materiales, acceso a cuidados, supervisión) cumple con los estándares básicos de humanidad y derechos.
Más allá del caso estadounidense: la responsabilidad de las administraciones públicas
Aunque el estudio se centra en Estados Unidos, sus implicaciones resultan pertinentes en el contexto europeo actual. En los últimos años, la Unión Europea ha intensificado las acciones para externalizar la gestión migratoria, incluyendo la creación de centros de detención o procesamiento fuera del territorio comunitario.
¿Qué ocurre con los estándares de atención, la supervisión y la rendición de cuentas cuando la custodia se traslada fuera del marco jurídico y sanitario europeo? La experiencia que describe la carta sugiere que incluso en sistemas con estándares definidos, la combinación de presión operativa, expansión rápida y debilidad en la supervisión puede traducirse en aumentos de mortalidad.
La externalización introduce un riesgo adicional: la dilución de responsabilidades. Cuando múltiples actores comparten la gestión de estos centros, la obligación de cuidado se vuelve difusa, dificultando la vigilancia y la respuesta ante fallos, como señalan informes de Amnistía Internacional.
En España, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son objeto de críticas recurrentes por sus condiciones materiales, acceso limitado a atención sanitaria y déficits de supervisión independiente. Aunque la magnitud y características del sistema difieren del contexto estadounidense, las lecciones son convergentes: la existencia de estándares formales no garantiza su cumplimiento efectivo, especialmente en entornos con escasa transparencia y rendición de cuentas.
La carta de Basu et al. funciona, en este sentido, como una advertencia. En última instancia, la mortalidad en custodia es una medida de hasta qué punto un país incumple su obligación más fundamental.
